Juan José Ibarretxe actuó ayer como si el Gobierno español hubiera cometido una afrenta con la Comunidad autónoma vasca al recurrir su ley de consulta ante el Tribunal Constitucional. Rodeado por todos los miembros de su gobierno, el lendakari escenificó una respuesta que pretendía ser contundente con el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, al que acusó de no ser la primera vez que «actúa de forma despectiva respecto a Euskadi».
El lendakari se permitió incluso urgir al Tribunal Constitucional a pronunciarse antes del próximo 15 de septiembre, fecha en la que, de acuerdo con la ley recurrida, estaba previsto ya el primer paso del referéndum del 25 de octubre: la apertura de solicitud del voto por correo. En caso contrario, Ibarretxe insta al alto Tribunal a levantar la suspensión de la ley porque, de otro modo, se produciría, según su criterio, «un perjuicio irreparable e irreversible» al resultar «imposible» la celebración de la consulta.
Movilizaciones sociales
Ibarretxe consideró la iniciativa del Gobierno de «extrema gravedad» y anunció movilizaciones sociales y acciones jurídicas contra el recurso de la ley de consulta. El lendakari habló de una «respuesta adecuada, serena y firme» ante lo que calificó como un «despropósito democrático» y en «defensa del derecho de la sociedad vasca a ser consultada y a decidir el futuro de este país».
Ibarretxe interpretó la utilización de las vías legales en un Estado de derecho como una decisión «prepotente y arbitraria» con consecuencias dramáticas. «Es un ataque directo a nuestra autonomía y supone, de hecho, la suspensión de nuestro autogobierno político, fruto del pacto alcanzado entre Euskadi y el Estado español en el Estatuto de Guernica, dejando a las instituciones vascas indefensas ante las decisiones caprichosas adoptadas unilateralmente por el Gobierno español», dijo.
En opinión del lendakari, se ha producido un «veto político» del presidente del Gobierno, quien, en su opinión, habría «ejecutado su amenaza de impugnar» la ley de consulta.
En opinión del lendakari, se ha producido un «veto político» del presidente del Gobierno, quien, en su opinión, habría «ejecutado su amenaza de impugnar» la ley de consulta.
La respuesta del Ejecutivo de Ibarretxe al recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional fue presentada como un acuerdo del Gobierno vasco, que se habría concretado en su reunión habitual de los martes, en lugar de una declaración del lendakari, siguiendo la tónica de diluir responsabilidades que llevó a Ibarretxe a trasladar la responsabilidad de la consulta al Parlamento vasco, en lugar de asumirla personalmente.
Un «derecho humano»
En opinión de Ibarretxe, la celebración de una consulta en el País Vasco sobre una salida negociada al terrorismo etarra es un «derecho humano», que, como tal, «no necesita ser positivizado». Argumenta el lendakari que su consulta no es un referéndum y explica que «el resultado de una consulta no vinculante, en la que se pide opinión a la ciudadanía vasca, tiene plena validez política y democrática para orientar la actuación de las instituciones vascas que la promueven, sin que suponga una obligación jurídica para el Estado».
El lendakari reivindicó además la soberanía del pueblo vasco frente a la del resto del pueblo español, reconocida en la Constitución. «Si el Gobierno español mantiene que los vascos no pueden decidir por todos los españoles, el Gobierno vasco manifiesta que los españoles no pueden decidir por los vascos», señaló.
Ibarretxe considera que con su recurso el Gobierno no pretende que el Tribunal Constitucional le de la razón, sino ganar tiempo para «enterrar» la consulta, ya que, según dijo, se produciría un «efecto perverso» en el caso de que el Tribunal Constitucional no sentencie o levante la suspensión antes del próximo 15 de septiembre. «Es el tiempo y no el derecho la oculta intención del camino emprendido por el presidente Rodríguez Zapatero», manifestó.
De lo que ocurriría tras una sentencia contraria a la ley de consulta del Tribunal Constitucional no quiso hablar ayer Ibarretxe, quien dejó claro que, pese a la suspensión de la ley, su Gobierno pretende seguir preparándola con toda normalidad «para hacer efectiva la decisión del Parlamento vasco».
Frivolizar con el autogobierno
El presidente del Partido Popular de Álava, Alfonso Alonso, pidió al Gobierno que tome medidas contra las iniciativas que prepare el ejecutivo de Ibarretxe para seguir adelante con una consulta suspendida judicialmente. El secretario general del PSE, Patxi López, acusó por su parte al lendakari de «frivolizar con el autogobierno vasco» y de adoptar una postura victimista.
La unidad de socialistas y populares frente al referéndum de Juan José Ibarretxe fue interpretada por Izquierda Unida como un paso hacia un frente común contra el nacionalismo vasco.
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